Las reformas para cerrar la brecha salarial y castigar la violencia contra las mujeres, enviadas por el Senado a la Cámara de Diputados, salieron adelante este lunes en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y en la de Igualdad de Género.
Se trata de las iniciativas que la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara Alta y que las seis bancadas representadas en el Congreso respaldan.
Este paquete de reformas será sometido a la asamblea de los diputados en la sesión del miércoles próximo.
Con 26 votos a favor, el dictamen de la brecha salarial recibió el visto bueno en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Al respecto, la diputada Patricia Mercado (MC) recordó que los más recientes datos del INEGI revelan que mientras antes de la pandemia el valor del trabajo no remunerado de las mujeres era del 20 por ciento del PIB, equivalente a unos 8 billones de pesos, actualmente ascendió a 26 por ciento.
Por otra parte, en la Comisión de Igualdad de Género, hubo 28 votos a favor de ese dictamen en materia salarial, así como el que modifica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para garantizar que las instituciones del Estado asuman de manera activa y responsable sus obligaciones con las mujeres, adolescentes, niñas y niños.
Los cambios legislativos en materia salarial señalan que se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.
Se define que la igualdad salarial es la remuneración igual por un trabajo de igual valor, sin distinguir sexo, género, identidad de género, origen étnico, orientación sexual, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica, entre otras.
En cuando a las modificaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se indica que Federación y entidades deberán contar con fiscalías especializadas para atender los delitos relacionados con las violencias de género en contra de las mujeres; igualmente deberán promover los Centros de Justicia para las Mujeres.
Con esta reforma se crea el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños. Es plataforma contendrá datos de la autoridad que ordena la medida u orden de protección, de las víctimas, así como de las conductas que motivaron la protección y de la persona agresora.
Se plantea que el MP podrá determinar la desocupación inmediata por la persona agresora del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de que sea su propietario o titular de su renta.
La reforma incluye al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares definiendo que, en los casos de violencia vicaria, la autoridad jurisdiccional deberá salvaguardar la integridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
