Penas de entre diez y 15 años se aprobaron para quien cometa el delito de extorsión con la reforma al Código Penal local que votaron ayer en el pleno del Congreso.
Con 59 votos a favor, cero en contra y siete inasistencias, también se avaló que se impondrá el mismo castigo a quien cometa el delito de cobranza ilegítima, conocido comúnmente como cobro Gota a gota o a quien cometa un secuestro exprés.
En el caso de cobranza ilegítima se refiere “al que con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea propia del deudor o de quien funja como referencia o aval, utilice medios ilícitos o efectúe actos de hostigamiento o intimidación para lograr el cobro; se le impondrá prisión de diez a quince años y multa de dos mil a tres mil unidades de medida y actualización”.
En tanto, quedó asentado que comete el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés “el que prive de la libertad a otro por el tiempo estrictamente indispensable para cometer los delitos de robo o extorsión”.
Durante el debate previo a la votación, Paulo García, vocero de la bancada de Morena, expuso que la reforma permitirá que “la extorsión sea delito grave, esto implica que los extorsionadores no puedan salir bajo fianza; también la extorsión ahora se considera un delito que se puede atacar por oficio, pues muchas veces la víctima se siente intimidada para denunciar, y es importante para que la autoridad tenga las herramientas necesarias para poder actuar sin que haya una denuncia de por medio”.
El diputado agregó que ahora “todo intento de extorsión se podrá castigar como delito consumado; esto va a ayudar a que más víctimas puedan encontrar la justicia y es una iniciativa que protege al motor económico de la ciudad, el comercio popular, las pequeñas y medianas empresas, por lo tanto es muy importante que desde el Congreso garanticemos que los locatarios y la gente que tiene sus comercios en las colonias puedan sentirse seguras de desarrollar su actividad”.
El dictamen se integró con las iniciativas de Clara Brugada, jefa de Gobierno; Tania Larios, diputada del PRI, y Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc.
También se reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para crear la Unidad de Investigación de Fraudes y Extorsión.
La coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo, planteó que la reforma busca resguardar el patrimonio de la ciudadanía y su integridad física y que se pondrá en práctica “una línea telefónica exclusiva para que la ciudadanía pueda denunciar este delito y mediante al aumento de las sanciones consideradas en contra de los extorsionadores”.
También quedó plasmado en el dictamen que la pena de cárcel se aumentará al doble cuando se cometa “empleando imágenes, mensajes escritos, audios o videos de contenido sexual íntimo, sean reales o editadas; se realice desde el interior de cualquier centro penitenciario o de reinserción social; se realice en contra de personas dedicadas al comercio; se realice en contra de personas dedicadas al transporte de personas o mercancía”.
