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Corrupción de menores lacera a México

La integración de 20 niños y adolescentes a policías comunitarias de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, bajo el argumento de la “defensa de su pueblo”, causó indignación y originó una investigación por parte de la Fiscalía General de ese estado.

Son 15 hombres y cinco mujeres de menos de 15 años quienes recibieron armas y que, de acuerdo con la grabación en la que los mostraron el miércoles 24 de enero, se unieron a las labores de búsqueda de una familia desaparecida desde el día 19 del mismo mes.

Ésa es una estampa de quienes en México podrían estar siendo blanco del delito de corrupción de menores, que se refiere a cualquier actividad que influya negativamente en el comportamiento o el desarrollo de un menor de edad y está tipificado como delito en el artículo 201 del Código Penal Federal.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2023 el país registró tres mil 179 casos de menores víctimas de ese delito, siendo la mayoría, mil 804 mujeres. El total representa un aumento de 41% respecto de 2015, año base del registro oficial, cuando se reportaron dos mil 256 casos.

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BC, con más denuncias

El reciente informe del SESNSP sobre incidencia delictiva 2023 coloca a Baja California como la entidad con más denuncias al respecto (714), seguida de Guanajuato (516).

El caso que vimos en Guerrero fue particular; lo que vimos ahí fue un grito desesperado de una comunidad que no ha podido vivir la garantía a su seguridad y a la tranquilidad por parte del gobierno”, dijo a Excélsior Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia, Redim.

Entre los actos que se consideran corrupción de menores está la exposición a material pornográfico, el consumo de drogas o bebidas alcohólicas, la promoción de conductas delictivas, la incitación a la violencia, el abuso sexual, la intimidación y el acoso.

Aunque si analizáramos por tipo penal, podría constituir reclutamiento forzado, que no está tipificado como tal, es uno de los elementos dentro de la ley contra la trata, podría ser trata con fines de reclutamiento”, señaló Ramírez.

Indicó que lo que vimos en Ayahualtempa amerita otro tipo de análisis, pues existe una cuestión performática, había niños con palos o armas que no son de fuego.

Pero sí se están vulnerando sus derechos. “Muy probablemente no sea la primera vez que ven un arma, muy probablemente alguien en sus familias haya sufrido extorsión, desapariciones, que es muy importante para este caso, que sucedió en mitad de la búsqueda de cuatro personas adolescentes de esta comunidad indígena”, aseveró.

niños ya habían tomado las armas

Aunque no es la primera vez que sucede esto en Guerrero. En 2020, luego del asesinato de diez músicos indígenas en un ataque armado, habitantes del municipio de Chilapa armaron también a niños y adolescentes.

Eso de formar niños con armas y tomar un video es un acto prepotente, no tiene nada que ver con la bondad, ni siquiera con el poder, porque el poder es humildad, esas actitudes, esos desplantes de prepotencia no sirven, no se consigue nada. Hacen ruido en las redes sociales, vergüenza les debería de dar hacer eso, no se les va aplaudir por eso”, mencionó en ese entonces el Presidente.

La corrupción de menores debe ser revisada desde las causas. La directora ejecutiva de Redim señaló que “si las desapariciones no necesitaran que las comunidades y las familias salgan a hacer el trabajo del Estado, si la seguridad fuera una garantía, muy probablemente dejaríamos de ver este tipo de eventos, como lo ocurrido en Guerrero, pero, hasta ahora, no hay garantías de que lo que vimos no se vuelva a repetir”.

Recordó las recomendaciones que la Organización de las Naciones Unidas hicieron a nuestro país en materia de derechos humanos y subrayó la dirigida a atender la crisis de seguridad e incluso soluciones a la militarización.

Necesitamos avanzar en legislación en la tipificación del delito de reclutamiento, en supervisión y presupuesto para que esas leyes se puedan materializar. Y no sólo una acción en el Legislativo, toda la sociedad en su conjunto, sociedad, familias, organizaciones, para gestar ese cambio cultural que nos desprenda del adultocentrismo y eso nos lleve a que en el Legislativo y en las políticas públicas se piense siempre en clave de niñez”, agregó Ramírez.

Respecto del delito de corrupción de menores, hay tres entidades del país que en 2023 no tuvieron registro de ninguna víctima, de acuerdo con el registro del SESNSP: Durango, Querétaro y Tlaxcala.

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