Francisco Pérez Lobato, empresario y exdirector jurídico en Gigante Grupo Inmobiliario, fue detenido en Tulum, Quintana Roo, tras permanecer prófugo por más de ocho meses. Está acusado de presunto fraude relacionado con el complejo de lujo SÚUT en Playa del Carmen, un proyecto que dejó inconcluso y que ha causado pérdidas millonarias a clientes e instituciones financieras.
Pérez Lobato, responsable de la empresa Desarrollos Turísticos LT, habría utilizado indebidamente un crédito de 90 millones 600 mil pesos otorgado para la construcción del desarrollo. Además, se presume que desvió recursos obtenidos de la preventa de los 91 departamentos del complejo, lo que eleva el monto del fraude a más de 200 millones de pesos.
Los denunciantes incluyen a compradores y a la institución financiera que otorgó el crédito, representada por el abogado Gabriel Castañeda, socio de la firma Nassar Nassar y Asociados.
Investigaciones revelaron que tanto Pérez Lobato como su hijo, Ian Pérez López, realizaron transferencias y depósitos millonarios durante el periodo en que administraron el proyecto. Los recursos presuntamente fueron utilizados para adquirir bienes de lujo y propiedades familiares.
El complejo habitacional, que prometía ser un ícono de lujo en Playa del Carmen, se encuentra abandonado. Ninguno de los 91 departamentos ha sido terminado ni entregado. Además, las estructuras presentan daños considerables como ventanas rotas por huracanes, humedad y desgaste por el paso del tiempo.
La constructora encargada del proyecto, Carsa, afirmó que no tiene responsabilidad en el caso, ya que no ha tenido contacto con Pérez Lobato desde hace más de seis meses.
Detención y búsqueda de justicia
La captura de Francisco Pérez Lobato se logró gracias a la colaboración entre autoridades de Quintana Roo y la Ciudad de México. Fue aprehendido la noche del 26 de noviembre por elementos de la policía ministerial y trasladado a la fiscalía estatal para enfrentar las acusaciones.
Su hijo, Ian Pérez López, sigue prófugo. Mientras tanto, los afectados, entre ellos clientes y la institución bancaria defraudada, exigen la devolución de su dinero y justicia por el daño causado.
