Un grave caso de corrupción ha sacudido el estado de Chiapas al implicar a varios altos funcionarios de la administración del exgobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien ahora es cónsul de México en Miami, Florida Estados Unidos, quienes están ligados a una red de trata de personas.
Entre los principales involucrados se encuentran Guillermo Ramos Pérez, presidente del Tribunal Superior de Justicia; la jueza local Ángeles Guadalupe Mendoza; y los magistrados María Itzel Ballinas Barboza, Claudia Lucía Domínguez Acuña y Guillermo Horacio Esponda Orantes.
Este grupo de acuerdo con diversas investigaciones en marcha realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), estaría coludido con empresarios locales en un entramado que combina corrupción judicial, extorsión, lavado de dinero y trata de personas.
El Caso Plaza Baktún y el Juicio contra Grupo Diestra
El epicentro de este escándalo es el juicio 432/2010, iniciado por Francisco Javier Echeverría Blanco, propietario de la Plaza Baktún, quien contrató al exmagistrado federal José Tomás Garrido Muñoz para manejar su demanda.
Lo que comenzó como un litigio por un adeudo de 711 mil pesos contra Grupo Diestra, dueños del hotel Marriott Tuxtla, derivó en una reclamación escandalosa de tres mil millones de pesos.
El monto, producto de un peritaje fraudulento realizado por Ángeles Guadalupe Mendoza Bravo, perito de la Fiscalía Estatal, se basa en el argumento de que una colindancia de 35 metros cuadrados impidió a Echeverría Blanco desarrollar una torre de seis pisos, un proyecto que nunca se ejecutó ni mostró indicios de ser viable.
El peritaje, ahora en manos de la FGR, ha sido severamente cuestionado por su falta de base jurídica y técnica al cual tuvimos acceso y en otra edición se dará a conocer.
Las investigaciones apuntan a una red de intereses entre el grupo Baktún, encabezado por Francisco Echeverría Blanco y su hijo José Alonso Echeverría, y funcionarios estatales.
Este grupo es conocido por operar desde hace décadas giros negros en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas donde la explotación sexual forzada y la trata de personas se da bajo la tolerancia y complicidad de autoridades estatales y municipales
Entre los establecimientos que manejan se encuentran “Secrets Social Club”, dirigido a la comunidad LGBT y operados por José Alonso, cuyo teléfono se publica para reservaciones en el sitio del club nocturno.
El grupo también ha operado por años “Laurent Club Tuxtla”, Tequila Antro Banda, y el table dance “Gitano”, que ha funcionado por mucho tiempo en el mismo domicilio fiscal de Francisco Echevarría Blanco (Andador Vía Láctea Lote 1 S/N, Zona Galáctica, 29039), en la llamada zona galáctica, que es una zona en la que las autoridades de Tuxtla toleran el sexoservicio y la trata de personas.
La operación de estos negocios no sería posible sin la participación de diversas autoridades estatales y municipales, quienes durante años han otorgado permisos y tolerado la actividad de estos giros nocturnos.
La complicidad entre empresarios y funcionarios ha permitido que estas actividades proliferen, generando ganancias millonarias que presuntamente son utilizadas para sobornos y otros actos de corrupción, además hay indicios de lavado de dinero de acuerdo con las investigaciones que se realizan en la entramada red de corrupción de la cual tenia conocimiento el ahora cónsul de Miami.
Antecedentes Penales y Extensión de las Operaciones
En Chiapas no es un secreto que tanto Francisco Javier Echeverría Blanco y su hijo José Alonso Echeverría tienen antecedentes penales. En 2011, fueron denunciados por retención y sustracción de menores, tras un incidente violento que incluyó el uso de gas lacrimógeno contra una menor de apenas un año y seis meses. Este hecho derivó en una orden de aprehensión en su contra.
Las operaciones de estos giros nocturnos han sido vinculadas a espectáculos dirigidos a diversos públicos, incluyendo eventos LGBT y espectáculos para caballeros, promovidos a través de las redes sociales y con números telefónicos asociados a los dueños del grupo.
El impacto de esta red de corrupción no solo afecta a las arcas estatales por la presunta evasión fiscal y lavado de dinero, sino que también contribuye al deterioro del tejido social en Chiapas.
La proliferación de giros negros, con implicaciones en tráfico de personas y otros delitos, refleja una falta de controles efectivos y la descomposición institucional que prevalece en la región, delitos que fueron protegidos en su momento por Escandón Cadenas.
Este escándalo deja en evidencia cómo el sistema judicial y la administración pública en Chiapas han sido corrompidos para beneficiar a un grupo de empresarios con antecedentes penales que solo con la compra de conciencias pueden llenarse los bolsillos con miles de millones de pesos con dar algunos centavos en las oficinas correctas de los gobiernos de Chiapas.
