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INE rechaza entregar datos biométricos del padrón a Segob

De acuerdo con el INE, la información que resguarda fue entregada por los ciudadanos con el objetivo de tramitar su credencial electoral, por lo que tienen la obligación de cuidar los datos

CIUDAD DE MÉXICO

El INE no le entregará a la Secretaría de Gobernación los datos biométricos de los mexicanos inscritos en el Padrón Electoral, confirmó el consejero electoral Ciro Murayama, al asegurar que se requiere de la autorización de cada ciudadano para hacerlo.

“Aunque se trate de una institución pública como el caso de la Secretaría de Gobernación, se requiere el consentimiento expreso de cada persona para entregar sus datos. A nosotros nos los dieron con un fin y no podemos entregarlos para otro”, indicó el consejero.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, detalló que la información con la que cuenta el Instituto fue entregada por los ciudadanos con el objetivo de tramitar su credencial electoral y por ello el INE tienen la obligación de cuidar los datos que le fueron confiados.

Si bien el INE tiene los datos nosotros no somos los dueños y la obligación que tenemos como autoridad responsable es la de proteger, garantizar y preservar los datos sensibles que pertenecen a cada ciudadano”, para no poner en riesgo derechos como el de la protección a los datos personales, puntualizó.

Por su parte, el director del Registro Federal de Electores, René Miranda, recordó que en 1990 el padrón electoral estaba en manos del gobierno “era poco confiable y se le daba un uso político a la base de datos”, al tiempo que explicó por qué el INE no puede entregarlo ahora al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que la reforma de 1992, que obligaba al IFE a dar su base de datos a la Segob para crear la Cédula de Identidad, se aprobó cuando el entonces Instituto Federal Electoral era una dependencia más del gobierno, y el presidente del Consejo era el secretario de Gobernación.

Sin embargo, en 1996 hubo una reforma electoral que le dio la autonomía al Instituto Nacional Electoral, se reforzó la confidencialidad y la rectoría de los datos, además de que en el 2000 se crea la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales.

Apuntó que “el universo de 90 millones de ciudadanos que se encuentra en el Padrón Electoral es gente real, con derechos y obligaciones, que tiene la posibilidad de decidir si quiere que se comparta su información o no y para qué fines”.




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