Capital

La consulta pública, una falacia democrática sin regulación

 

 

Este jueves inicia una consulta que durante cuatro días buscará dilucidar qué desea la población que suceda respecto a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), si es que se construirá en Texcoco, o bien, en Santa Lucía donde opera actualmente la base de la Fuerza Aérea.

 

Atrás quedó el motivo principal de la denuncia que realizó el actual presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien exhibió durante su campaña al presidente Enrique Peña Nieto de utilizar recursos de las AFORE para la construcción del NAIM en Texcoco, dinero que le pertenece a cada ciudadano afiliado al IMSS o al ISSSTE y que destina como un fondo de ahorro para su retiro, recurso que el Gobierno Federal es el encargado de administrar y que motivó dicha denuncia de la que nadie se atrevió más a hablar.

 

Denuncia que pasadas las elecciones tomó un giro transformándose sin duda, en un choque frontal entre un grupo de poder económico y político que apoya su construcción y el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador quien en su momento como candidato a este cargo, dijo que de llegar a la presidencia, cancelaría dicha construcción, y que ahora pasado el proceso electoral, ya como presidente electo replanteó su discurso y planteó para este fin, como un mecanismo de decisión, consultar directamente a los ciudadanos en una consulta pública que inicia el 25 de octubre y finaliza este domingo 28 del mismo, mediante un formato que contiene sólo dos opciones fuera de tecnicismos y que específicamente pregunta como primera opción “reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía” y como segunda pregunta “Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.

 

Una primera objeción sobre el mecanismo en la cual se sustenta la consulta, es que ésta precisamente no está sustentada en la ley, es decir AMLO como presidente electo no tiene facultades vinculantes, es decir, de acuerdo al artículo 35 fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo son legales y procedentes las consultas públicas cuando son convocadas por el Presidente en funciones, el 33% de los integrantes del Congreso Federal o el dos por ciento de ciudadanos en la lista nominal.

 

Pero en este caso, a vista de que en la ley no existe impedimento para que un ciudadano como lo es aún Andrés Manuel López Obrador le solicite su opinión a otro ciudadano u otros ciudadanos, como es el caso, puede ser realizable.

 

No podemos olvidar que López Obrador es un ciudadano, uno especial porque es presidente electo y no requiere ajustarse a un marco normativo para solicitar la opinión de los demás.

 

Finalmente, al término de la consulta, en el caso del NAIM de si se construye en uno u otro lugar, todo quedará sujeto a la decisión final del tabasqueño, esto es, como deshojar una margarita.

 

Es en este punto donde la realidad ya rebasó al marco legal, ya que referente a esto existe una máxima en el Derecho: Lo que no está prohibido expresamente en la Ley está permitido.

 

Es importante legislar ante esta situación.

 

Eso justamente es lo que sucede y es aquí donde se debe exigir a los legisladores federales, en principio, que se adecúe el marco legal para evitar futuras consultas a ocurrencia y manejo discrecional de cualquier servidor público en funciones o constitucionalmente electo.

 

No se debe jugar a la política ni a manejar a discreción el futuro nacional y aquí la responsabilidad de los legisladores federales debe ponerse en marcha y trabajar no para prohibir, sino para regular este tipo de ejercicios de consulta, atendiendo su naturaleza e involucrando a actores no sólo de la sociedad civil, sino también de instituciones públicas y consolidadas como universidades y el propio Instituto Nacional Electoral.

 

Hoy, el Congreso Federal tiene mucho más que decir y no sólo observar.

 

Estamos ante una nueva realidad y los legisladores de todos los partidos deberían entender que la sociedad está más informada y más vigilante tanto de lo que hacen como de las omisiones y si buscan reelegirse dentro de tres años deben de comprender que ellos representan otro poder y que no son comparsa del Poder Ejecutivo.

 

Ese no fue el mandato de las urnas, el Poder Legislativo tiene frente a sí, la oportunidad de demostrar que será un contrapeso efectivo para evitar excesos, asumiendo el compromiso que tienen ante la sociedad que representa y que es, entre otros, salvaguardar los derechos del ciudadano y legislar a favor de ellos y una manera de hacerlo será demostrando para qué fueron electos por lo que la exigencia que se le debe hacer al congreso sobre todo a los diputados que lo conforman, es que asuman su responsabilidad y ante este caso, normar las consultas públicas y sobre todo porque ya se percibe que la utilización de las mismas será parte recurrente para la toma de decisiones de gobierno del actual presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

 

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