Ricardo Anaya prometió en campaña: “el que la haya hecho la tendrá que pagar, y esto incluye al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto”. Andrés Manuel López Obrador prometió lo opuesto: “Yo no [lo enjuiciaría …], no va a haber persecución, no es mi fuerte la venganza.” Fue mucho más exitosa la estrategia de AMLO

CARLOS ELIZONDO MAYER-SERRA

El 16 de febrero de 2018, el gobierno de Peña Nieto acusó a la empresa Juniserra, propiedad de Anaya, de un presunto caso de lavado de dinero. En el momento en que una parte del electorado percibió a Anaya como corrupto, su intención de voto se colapsó. El elector valoró más la percepción de honestidad de AMLO que la promesa de Anaya de meter a la cárcel a los corruptos.

AMLO ha cumplido su promesa. No ha usado los instrumentos a su cargo para perseguir y sancionar a los presuntos corruptos del sexenio anterior. Sigue utilizando la lucha contra la corrupción como una de sus banderas retóricas centrales. El domingo pasado declaró que la construcción de la carretera Durango-Mazatlán “costó 10 veces más de lo que debió haber costado”.

No inicia procedimientos judiciales contra nadie: sólo acusa. Fue tal la corrupción en el sexenio pasado que es creíble casi cualquier acusación. A pesar de no haber denuncia penal alguna, todos son culpables para buena parte de la población.

Ante esta estrategia, el grueso de los actores políticos está a la defensiva o al servicio de AMLO. Un grupo de diputados, liderados por el experredista Mauricio Toledo, acusado de todo tipo de abusos en la delegación de Coyoacán, se han vuelto aliados de Morena. Esto le ha permitido a AMLO cambiar la Constitución y hacer de varios delitos, incluida la corrupción, merecedores de prisión preventiva.

Nadie quiere ser señalado por el dedo flamígero de AMLO, pero tampoco hay razón para que los corruptos del pasado se organicen en su contra. No hay amenaza real a sus intereses si no le disputan el poder. Esta reforma constitucional no es retroactiva.

Andrés Manuel López Obrador ha criticado en sus mañaneras a quienes tienen una reputación que cuidar, como los exfuncionarios difamados la semana pasada. Acusó al expresidente Calderón por haber sido consejero de la empresa de energía Avangrid, no a Echeverría por no haber vuelto a trabajar (aún está vivo).

Gobernadores como el panista Javier Corral han hecho de meter a la cárcel a sus antecesores y cómplices un objetivo central de su gobierno. Se han topado con las truculencias del Poder Judicial. Esto les ha costado políticamente, pues parecen incompetentes en la promesa de encarcelar a sus predecesores.

AMLO no se desgasta. Mejor se dedica a acusar y perdonar. No sólo es inmoral hacerlo, sino que en muchos casos es ilegal, como cuando declara: “No se han detenido capos porque no es ésa nuestra estrategia.” Es su obligación hacerlo si han cometido crímenes.

Si un funcionario hace una leve crítica al proceder de su gobierno, como la hizo el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, corre el riesgo de que AMLO le responda con virulencia. Atacan a un primo de García Alcocer por unas transacciones que pueden o no ser legales. Después de este linchamiento mediático ya no puede haber juicio justo. La mera insinuación de un movimiento bancario de un monto alto suena a delito. No ha habido una acusación similar para un solo huachicolero o algún presunto corrupto del sexenio anterior.

Usar la discrecionalidad del poder para acusar a un enemigo político es una vieja maña de los años de hegemonía priista. AMLO, sin embargo, tiene una alta aprobación y legitimidad nunca vista. Su alcance es por tanto mayor.

Es también más original. La discrecionalidad la utiliza para denostar a una institución. Puede clausurar un programa de gobierno porque lo acusa de corrupto. Con esa lógica habría que cerrar casi todo el gobierno. Pero la acusación se utiliza sólo para lo que AMLO ve con malos ojos, como las estancias infantiles. Al mismo tiempo apoya aquéllas financiadas por el gobierno y manejadas por el PT, un negocio de sus líderes según acusaciones del gobierno anterior. Sólo que hoy, ellos son sus aliados políticos.

La estrategia le está funcionando. Una amplia mayoría de la población está convencida de que AMLO está actuando enérgicamente contra la corrupción. Los corruptos del pasado saben que no tienen nada que temer si se portan bien. Con acusaciones de presunta corrupción busca desacreditar a sus enemigos y si quiere cerrar algún programa de gobierno basta con alegar que ahí hubo corrupción.

Poderosa estrategia política, pero no construye instituciones que permitan disminuir de forma sostenible los altos niveles de corrupción en los que hemos vivido. La discrecionalidad en el uso del poder tampoco ayuda para mandar una señal clara a los inversionistas respecto a la seguridad jurídica en caso de invertir en México.

Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey

Twitter: @carloselizondom