REMOLINO POLÍTICO
Diciembre 18 2017
Mario CASTELLANOS ALCAZAR
La Ley de Seguridad Interior aprobada por el Senado de la República pinta mal. No puede ser que la violencia se combata con más violencia, “diente por diente y ojo por ojo”, como si fuera en final del sistema político mexicano-PRI- Gobierno, y se prevé un estallido social de querer imponer en la Presidencia de México al candidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, por tanto se vislumbra un clima de agitación inaudita para violentar los derechos humanos de los mexicanos que no estén conformes con el dedazo presidencial. Huele a fraude electoral.
Con la nueva Ley de Seguridad aprobada al fast track se pierden las esperanzas de la libre manifestación y la ciudadanía estará sometida a un régimen autoritario sin derecho a protestar contra los actos de corrupción prohijados por el presidencialismo mexicano que le apuesta a desdibujar la paz y tranquilidad aparente y suspicazmente establecida por el gobierno neoliberal que en los últimos seis años ha perdido las riendas del Estado de Derecho para caer en la ingobernabilidad que da lugar a la brutal violencia, inseguridad, falta de empleo, los saqueos, fraudes y la fatal corrupción imperante en todos los estratos sociales que da luz a la pobreza, marginación y una crisis económica irreversible imposible de detener, así, el sistema tenga que hacer malabarismos, la verdad es que el gobierno mexicano ha caído en la pérdida de valores y principios.
Pese a todo, ni el Gobierno Federal, ni el Congreso de la Unión repararon ante el llamado de los organismos internacionales, la Organización de las Naciones Unidas, organizaciones sociales y políticas que elevaron sus protestas para que dicha Ley de Seguridad Interna no fuera aprobada porque es anticonstitucional y atenta contra los derechos humanos de la ciudadanía ante los antecedentes de los cuerpos de seguridad principalmente del Ejercito Nacional y de la Marina, que en otras ocasiones han incurrido en excesos de sus facultades, lo que por cierto ha causado intimidación en la sociedad mexicana.
Dejar libre al Ejercito Mexicano y la Marina para sacarlos de sus cuarteles a combatir la delincuencia común y al crimen organizado, lo dicen organismos defensores de los derechos humanos y la misma Organización de las Naciones Humanas, es un atentado a la libre manifestación y a la libertad de expresión para mantener a los manifestantes en la opresión y coacción de sus derechos constitucionales.
Sobre todo porque esta argucia se da en los momentos más críticos por los que pasa el país mexicano, justo cuando el modelo neoliberal y el sistema económico, social y político está pataleando y son sus últimos estertores. Está agonizando en un mar de pobreza y marginación que arroja 60 millones de mexicanos en fatal desigualdad y extremosos índices de bienestar que van a la baja mientras la opulencia se consolida en los gobernantes y políticos, que abusan del poder que les confiere el pueblo para hacerse multimillonarios en corto tiempo. Esto ha causado irritación en los gobernados y por supuesto que ha llegado la hora de un cambio en el sistema de gobierno y con nuevos modelos en la economía que dé como resultado el combate frontal a la corrupción para evitar que un cuarto de billón de pesos del presupuesto de la federación se quede en las bolsas de los ex gobernadores de las entidades, los presidentes de México, Secretarios de Estados y funcionarios menores-
Las repercusiones de dicha Ley de Seguridad Interior tendrá funestas consecuencias en las entidades con mayores índices de pobreza, marginación y la corrupción lacerante. Oaxaca es una de ellas en donde los fraudes, abuso de autoridades, el desgobierno y la voracidad de los funcionarios públicos están a la orden del día. Es por ello que en esta entidad existen 400 organizaciones sociales y políticas encabezadas por el magisterio disidente de la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, SNTE, que constantemente se manifiestan en las calles para exigir solución a sus demandas y por supuesto que incrementarán sus movilizaciones para rechazar la referida ley y en consecuencia se incrementará la violencia, es por ello que la violencia no se debe combatir con más violencia, ni con la aplicación de los axiomas de diente por diente y ojo por ojo, sino con mejores programas sociales y el combate a la corrupción propalada por el mismo gobierno, incluyendo mejores estrategias y el respeto al Estado de Derecho. No se necesitan más leyes, más que la aplicación de las que ya existen. Se vislumbra en la entidad oaxaqueña un estado de suma rebelión que se reflejará en las urnas el día uno de julio del año 2018, lo que se traduce en una derrota para el PRI.
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