- Las operaciones simuladas dañan y desprestigian el trabajo del tercer sector y de los donantes, afirma
CIUDAD DE MÉXICO.
Partidos políticos, gobiernos y no las organizaciones de la sociedad civil, han sido los beneficiarios de las multimillonarias operaciones simuladas que realizan las factureras, detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), afirmó Jorge Villalobos Grzybowicz, presidente de la Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi).
En entrevista, Villalobos dijo que la proposición de la autoridad de limpiar de corrupción y abusos el mundo de las donatarias autorizadas, es “magnífico”. Pero, el punto está, afirmó, en “que el dato del que parte no es correcto”.
Villalobos señaló que lo que preocupa más entre la gente del “tercer sector”, en torno a la más reciente reforma al Impuesto Sobre la Renta (ISR), es que se incrementaron enormemente las causales de revocación para las donatarias autorizadas.
La autoridad argumenta que estas causales se han incrementado justo para, como dice el lenguaje coloquial, tener dientes y evitar los abusos, en un sector en el que ellos dicen lo hay. No nos costa”, afirmó Villalobos.
De acuerdo con el titular del Cemefi, uno de los precursores de este instrumento de la sociedad civil, el asunto proviene desde la regla tres diez quince, aparentemente provocada por el mandato de la autoridad de ir contra las factureras, es decir empresas que hacen operaciones simuladas, que significa un daño de miles de millones de pesos.
Yo puedo decir que en el Cemefi y en la mayor parte de todo el sector, estamos a favor de la autoridad, no puede ser que haya operaciones simuladas que deñen y desprestigien el enorme trabajo que hacen miles de mexicanos en el sector de organizaciones y los que donan para los servicios de vulnerabilidad o de defensa de los derechos”, dijo.
Sin embargo, el extender estas medidas que van contra empresas factureras y seguramente lo han visto así en los medios de comunicación, los principales beneficiarios de las factureras han sido los gobiernos y los partidos políticos. No las organizaciones de la sociedad civil”.
Señaló que, si esa es la razón, “nos parece que están, de alguna manera, desincentivando la participación ciudadana a favor del bien público”.
A pregunta expresa sobre si estas medidas van a restringir la participación ciudadana a las ONGs, Villalobos, dijo que espera no ocurra eso. “Está la propuesta para la iniciativa de reforma a la ley de ISR, nosotros ya argumentamos con el SAT, con la Comisión de Hacienda de diputados, de senadores. Es muy importante valorar la importancia que tiene para la sociedad la existencia de un grupo de organizaciones de la sociedad civil que aportan tiempo, talento, recursos para el bien público, esto le conviene a la sociedad, al gobierno y a todos”.
Recordó que por esa razón, en todo el mundo los gobiernos estimulan la participación ciudadana con algún tipo de deducciones de impuestos y que en el caso de México, las donatarias están exentas del ISR y también pueden dar recibos deducibles por los donativos que reciben para efectos del donante, “porque a todos nos conviene”.
Dijo, sin embargo, que le “llama mucho la atención, que en contra la tradición que llevábamos por muchos años, en lugar de estimular, parecería que con estas reformas a la ley se inhibe la participación, no quiere decir que se vaya acabar ni mucho menos, pero hay dos temas preocupantes:
Un artículo nuevo, el 82 cuater, que ahora lo lleva a nivel de ley del ISR, que si participas en una donataria que fue revocada y participas en otra, ya sea como consejero, representante legal, o asociado, tu te conviertes en un emisario causal de revocación de esa otra donataria. Cosa que nos explican abogados, es anticonstitucional, porque estamos hablando de una pena trascendente. Nosotros hemos propuesto que eso no va a ayudar a combatir a las factureras. Y si va a desincentivar para participar voluntariamente en las organizaciones.
Es decir, toda la gente que participa en fundaciones no tiene interés económico, no hay reparto de utilidades en un consejo directivo de una fundación o de un patronato; si hubiera remanentes se tienen que reinvertir en el objeto social de esa donataria”, dijo.
La propuesta que Villalobos hace, es suprimir la fracción quinta del articulo 82 cuater, en la cual se quite esa pena trascendente, “porque eso ha generado mucha inquietud e inseguridad en el sector de donatarias”.
El segundo de inquietud es una norma, otra causal de revocación, que es que aquellas donatarias que reciban como ingreso más del 50 por ciento de ingresos no relacionadas con su objeto social, se convierte en causal de revocación.
Bueno, yo podría decir que en principio el SAT tiene razón: una donataria autorizada no tiene porqué recibir más del 50 por ciento de ingresos no relacionados a su objeto social; hay una discusión internamente en el sector, pero creo que en principios está bien.
Pero el SAT lo fundamenta diciendo que en el sector de donatarias autorizadas se reciben alrededor de 200 mil millones de pesos al año, de los cuales 47 mil son por donativos de empresas y personas, que es buen dato, porque ha crecido, hace 6 años eran de 34 mil millones.
Segundo dato, 20 mil millones provienen de ingresos relacionados al objeto social y luego da un dato alarmante, que 132 mil millones son de ingresos no relacionados con el objeto social.
Nos pusimos a indagar de dónde viene esos datos y efectivamente son del portal de transparencia y de la declaración anual que enviamos al SAT.
Pero hay un problema, esos 20 mil millones de ingresos relacionados se refiere a rentas de capital, de arrendamiento; y luego no hay manera de diferenciar lo que son ingresos relacionados con los no relacionados”.
Villalobos pone un ejemplo: un hospital que es una donataria autorizada, todos sus ingresos de salud, obviamente que están relacionadas a su objeto social, pero a la hora de la declaración anual no se puede diferenciar porque solamente aparece un rubro de donativos, otro de intereses de arrendamiento y otro de otros ingresos, y en esos otros ingresos, las donatarias tenemos que poner todo lo que ingresó, haya sido relacionado o no con el objeto social.
Mencionó que es el mismo caso de las grandes escuelas y universidades del país, que son donatarias autorizadas, “y no pueden reportar de manera diferenciada lo que son relacionados o no. La cifra de 132 mil millones es muy ambigua, no sabemos cuántos son los ingresos relacionados y cuántos los no relacionados. Esto ya se lo manifestamos al SAT y nos respondió que efectivamente no había manera de diferenciarlo y que están haciendo una reingeniería para que las donatarias podamos reportar correctamente los ingresos relacionados y los relacionados. Dicen que lo van a corregir”.
Información: Excélsior
