Al ignorar siete mandatos establecidos en la Constitución para el nombramiento de comisionados, magistrados y consejeros, y su obligación a citar a comparecer a los responsables de organismos autónomos, el Senado pone en riesgo la existencia de 24 instituciones.
Debido a la omisión de los senadores de siete mandatos en la Carta Magna, organismos como 18 tribunales electorales estatales y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) peligran, ya que cada vez cuentan con menos integrantes.
El desacato constitucional por parte de la Cámara alta afecta también la estabilidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que continúa sin presidente, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Sistema Público de Radio y Televisión.
La falta de acuerdos con la oposición e, incluso, división en el mismo bloque oficialista han contribuido al aumento del rezago en nombramientos, ya que un grupo numéricamente menor ha frenado cualquier avance.
Ignora 7 mandatos para el nombramiento de comisionados, magistrados y consejeros; también evita citar a comparecer a responsables de órganos autónomos.
Por primera vez, el Senado de la República incurrió en un desacato constitucional que pone en riesgo incluso la existencia de otras instituciones, al ignorar 7 mandatos que la Carta Magna le asigna para el nombramiento de comisionados, magistrados, consejeros y su obligación a citar a comparecer a los responsables de organismos autónomos.
De esta forma, el Senado deja que instituciones como los tribunales electorales estatales y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) mueran por inanición, pues cada vez tienen menos integrantes que les dan vida.
Además, trastoca la estabilidad interna de instituciones como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al que el Senado no le ha nombrado presidente y debilita el funcionamiento pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Sistema Público de Radio y Televisión.
Aunque el inédito rezago en el número de nombramientos que tiene pendientes el Senado están ordenados por diferentes leyes y por la Constitución, tan sólo estos últimos llegan a 32, sin que hasta el momento exista una posibilidad de que los senadores puedan ponerse de acuerdo, no sólo entre opositores y oficialistas, sino dentro del propio oficialismo, donde un grupo numéricamente menor ha frenado toda posibilidad de la mayoría por avanzar en ellos.
A sólo 10 días para que termine el periodo ordinario de sesiones, la Junta de Coordinación Política del Senado no ha podido avanzar, incluso en nombramientos que suman tres años de estar pendientes y a los que el Senado está obligado por la propia Constitución.
La semana pasada, el Poder Legislativo del estado de Tlaxcala informó al Senado que uno de los integrantes de su tribunal electoral concluyó su periodo constitucional y, por lo tanto, hay una vacante en esa institución.
Los artículos 99, párrafo 11 y 116, numeral IV, inciso C, en su disposición Quinta ordenan al Senado la elección de los magistrados electorales e incluso precisa a los Poderes estatales que esas posiciones sólo pueden ser definidas por el Senado. De esta manera, desde octubre del 2021 el Senado está en desacato de una orden constitucional.
Con Tlaxcala, suman 23 asientos de magistrados electorales estatales que están vacíos en 19 entidades federativas.
A pesar de intentarlo durante 14 meses, el Senado no pudo concretar los acuerdos necesarios y dejó incompletos los tribunales electorales de 19 entidades del país desde el año pasado.
La última vez que las fuerzas políticas hicieron lo posible por construir los acuerdos fue en la primera semana de diciembre del año pasado. Los obstáculos se debieron, el año pasado, a que los grupos parlamentarios tienen en la mira perfiles que no logran la suma de la mayoría calificada que necesitan para hacerlos realidad.
Sin embargo, a lo largo de este 2022, con la intención de Morena de desaparecer a los tribunales electorales y a las instituciones electorales de las entidades federativas, como lo establece la propuesta de reforma constitucional en materia electoral, Morena en el Senado decidió ya no tocar definitivamente el proceso de nombramiento de los magistrados electorales estatales.
Así, los tribunales electorales de los estados de Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán tendrán que esperar hasta el próximo periodo ordinario de sesiones para completar sus cuerpos colegiados, que en casos como Colima tiene tres ausencias y en Nayarit y Jalisco dos ausencias.
Desde el 21 de octubre del 2021, la Comisión de Justicia, entonces presidida por el morenista Julio Menchaca, aprobó el dictamen de elegibilidad de los candidatos a las 20 de 23 vacantes que existen y hace sólo unos días emitió la convocatoria para un espacio extra en Jalisco y uno en Tamaulipas.
En cuatro ocasiones, desde el 21 de octubre hasta el 15 de diciembre del 2021, los grupos parlamentarios intentaron construir los acuerdos.
El primer plazo máximo que se pusieron fue el 18 de noviembre; después el 2 de diciembre y la mañana del martes 14, sólo unas horas antes de concluir el periodo ordinario el 15 de diciembre, volvieron a intentarlo, pero no lo lograron, porque se trata de decisiones que requieren del voto de la mayoría calificada, lo que implica que al menos uno de las tres bancadas opositoras: PAN, PRI y MC, deben votar con el bloque oficialista.
Pero, además, los grupos parlamentarios acordaron desde noviembre del 2021 que no iban a aplicar el criterio de cuotas partidistas, sino a fijarse en el desempeño de los aspirantes en las comparecencias y en la trayectoria; sin embargo, ni ese acuerdo pudo destrabar, dado que cada fuerza política tiene criterios diferentes para evaluar el desempeño de los aspirantes, de acuerdo con la explicación que dieron algunos líderes parlamentarios, a pregunta expresa de Excélsor.
El caso más crítico es el tribunal electoral de Colima, pues su pleno está integrado por cicno magistrados y el Senado debe nombrar a tres nuevos: un magistrado numerario; un magistrado supernumerario y una magisyrada supernumeraria.
La relación de vacantes que incluyó la Comisión de Justicia del Senado establece que de los 18 tribunales incompletos, 14 tienen un espacio vacío, como son los casos de Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.
Los tribunales de Jalisco y de Nayarit tienen dos espacios por ocupar, de los cinco que integran sus plenos.
Pero hay casos, como el Tribunal Electoral del Estado de Baja California Sur, que cubrió la vacante que tiene con base en su ley, por lo que su secretario ejecutivo se convirtió en magistrado por ministerio de ley, mientras el Senado define el nombre de quien ocupará constitucionalmente ese espacio.
El artículo sexto, inciso A, numeral octavo de la Constitución ordena al Senado la elección de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) e incluso fija los tiempos en que debe hacerlo, pero desde marzo de este 2022, el Senado desacató esta orden constitucional y el Instituto está a tres meses de dejar de operar.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Inai) precisa en su artículo 33 que “las sesiones del Pleno serán válidas con la asistencia de cuando menos cinco Comisionados, incluyendo al Comisionado Presidente”.
Desde marzo de este año, el Inai trabaja con ese mínimo de cinco integrantes: Blanca Lilia Ibarra, presidenta; Francisco Javier Acuña, Adrián Alcalá Méndez, Julieta del Río y Josefina Román.
Pero el 31 de marzo del 2023 concluye el periodo constitucional de Francisco Javier Acuña, con lo cual el Inai se quedará con sólo cuatro integrantes y de esta forma ya no podrá trabajar, porque las reuniones de su pleno serán inválidas, dado que la Ley Federal lo estipula de esa manera y México está en riesgo de quedarse sin el garante del derecho a la información, porque a decir de un grupo de los senadores de Morena, lo importante no es sujetar los nombramientos de dos comisionados a los criterios constitucionales o legales, sino a los intereses de su partido político.
Así, a pesar de los intentos que se hicieron en abril para construir los acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas, durante una reunión privada de los senadores de Morena, decidieron no concretar el proceso legislativo, porque ellos querían a un comisionado que ni siquiera obtuvo las mejores evaluaciones dentro del proceso legislativo y, por lo tanto, era intransitable entre los senadores de oposición.
Hace cinco semanas, el pleno del Senado hizo un nuevo intento por elegir a los dos comisionados del Inai, pero no fue posible. Primero, porque dentro de Morena existe un grupo que se opone tajantemente a que se elija a una mujer que fue diputada suplente de una panista, a pesar que nunca rindió protesta y, por lo tanto, no ejerció el cargo. Y segundo, porque entre panistas hubo diferencias y entre panistas y emecistas brincaron disensos que impidieron concretar la elección.
Aunque no en la dimensión de lo que ocurre con el Inai y los tribunales electorales, hay otros órganos de control constitucional que carecen de un funcionamiento pleno, porque el Senado ha desacatado las órdenes constitucionales.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cada vez tienen menos integrantes, porque el Ejecutivo federal no ha enviado al Senado sus ternas para las vacantes de los comisionados, es decir, la responsabilidad es directamente del Ejecutivo y ya la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Ejecutivo federal a cumplir con esa obligación constitucional.
Pero el Senado también forma parte de los problemas que tienen esas instituciones, porque en el caso del IFT no ha nombrado a su presidente. Desde hace un año tiene pendiente ese proceso legislativo, que hoy está en el olvido, pese a que el artículo 28, párrafo 22 de la Constitución le ordena que lo desarrolle.
Además, el mismo artículo 28, párrafo 20, numeral octavo de la Constitución le ordena al Senado que los titulares de la Cofece y del IFT acudan una vez al año a rendir su informe de labores una vez al año, pero no se han concretado en el último año.
El segundo párrafo del artículo 100 de la Constitución ordena al Senado elegir a dos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Con información de excelsior
