La reforma judicial aprobada en México ha generado gran inquietud en sectores legales. El abogado constitucionalista Pablo Andrei Zamudio Díaz ha señalado que esta reforma, en lugar de corregir las deficiencias puntuales del Poder Judicial de la Federación (PJF), ha optado por desmantelar todo el sistema judicial construido a lo largo de décadas. Según Zamudio, el problema no es solo el cambio de jueces y magistrados, sino el ataque a lo que estos cargos representan: una justicia independiente y profesionalizada, que ahora corre peligro de desaparecer.
Zamudio Díaz reconoce que en el PJF existen casos de corrupción y parcialidad, pero recalca que tales episodios despreciables, que deben ser erradicados desde luego, no son la regla. “Lo alarmante es que, en lugar de reparar lo que debe corregirse, el poder reformador ha decidido destruir toda la estructura judicial, la cual está cimentada en los valores de la República y la división de poderes”, subrayó el abogado.
Para ilustrar el despropósito de la reforma, Zamudio recurre a una metáfora poderosa que refleja la irracionalidad de esta medida. “Imaginemos que una persona sufre una fractura en uno de sus brazos. En lugar de ofrecerle tratamiento para sanar la fractura, el médico le sugiere amputar el brazo y colocar una prótesis, argumentando que así nunca volvería a fracturarse ese brazo”, explicó. “Esa solución es irracional, ya que elimina algo que puede ser curado, con la consecuencia de una pérdida innecesaria”.
Zamudio advierte que, al igual que amputar un brazo por una fractura, esta reforma es desproporcionada e innecesaria. “El sistema judicial, aunque tiene deficiencias, puede corregirse sin necesidad de destruirlo por completo”, concluyó.
Pablo Andrei Zamudio también reconoce que muchos podrían interpretar sus advertencias como una mera especulación, pues algunos creen que la elección popular de jueces o la reestructuración completa del Poder Judicial podría mejorar el sistema. Sin embargo, el abogado subraya que, aun si se tratara de especulación, “siempre será preferible no correr riesgos, por más remotos que parezcan, cuando lo que está en juego es la independencia del Poder Judicial de la Federación”.
Este principio es crucial, ya que la independencia judicial es la piedra angular sobre la que descansa la impartición de justicia en cualquier estado de derecho. Al debilitarse esta independencia, se abre la puerta a la intervención de factores externos, como los intereses políticos o partidistas. Para Zamudio Díaz, los riesgos, aunque a simple vista puedan parecer hipotéticos, son demasiado altos para ignorarlos. “No podemos permitir que la suposición sobre posibles beneficios inmediatos nos lleve a comprometer algo tan vital como la imparcialidad y autonomía de nuestros jueces”, explicó.
