A pesar de ser aprobadas con celeridad, porque fueron consideradas prioritarias, el Senado tiene atoradas dos reforma constitucionales propuestas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador: el aumento de los salarios mínimos y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Desde el 17 de octubre, la reforma constitucional al artículo 123 en materia de salarios logró la aprobación de 17 Congresos estatales; de hecho, desde el 24 de octubre, cuando la aprobó el Congreso del estado de Chihuahua, ya rebasó por mucho el requisito.
Sin embargo, desde el 14 de octubre, el Senado frenó el registro público del número de Congresos estatales que ya la habían aprobado, con la cifra de 16: Baja California, Campeche, Chiapas, CDMX, Durango, Edomex, Michoacán, Morelos, Puebla, SLP, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
Ya no incluyó los que llegaron desde el 15 de octubre, por lo que la aprobación de Baja California Sur el 17 de octubre ya no se refleja en el registro oficial de votos de Congresos estatales recibidos y, por tanto, el Senado no ha declarado la validez de la reforma, a pesar que ya fue aprobada por el llamado Constituyente Permanente.
La reforma orden que para los trabajadores del sector privado “la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia”.
Y para los trabajadores del sector público federal; es decir, los empleados de los tres Poderes de la Unión, que se rigen por el apartado B del 123 constitucional, que deben ganar al menos, el salario más bajo que tienen los trabajadores del IMSS.
Respecto de la minuta referente a los Jóvenes Construyendo el Futuro, la Cámara de Diputados la aprobó y la envió al Senado, que desde el 27 de septiembre, aunque se publicó en la Gaceta del Senado hasta el 29 de septiembre.
El 30 de septiembre se convocó a la sesión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, cuando aún eran presididas por Ernestina Godoy y Citlalli Hernández, respectivamente. Pero se canceló y no se ha vuelto a convocar para ese tema.
La reforma consiste en la adición de un segundo párrafo al artículo 123 constitucional, para ordenar que “el Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente, a jóvenes entre dieciocho y veintinueve años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel de educación formal, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta doce meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley”.
De manera oficial, el grupo parlamentario de Morena, la Mesa Directiva o la Junta de Coordinación Política, ambas dominadas por Morena, no han informado los motivos del atorón; sin embargo, de manera extraoficial, las explicaciones se centran en la carencia de recursos para fondear un programa que está basado en salarios mínimos y el aumento en éstos eleva hasta el doble el costo del programa.
