REMOLINO POLÍTICO
Noviembre 24 2017
Mario CASTELLANOS ALCAZAR
La aprehensión del ex Secretario de Vialidad y Transporte, SEVITRA, Carlos Moreno Alcántara se convirtió en un foco rojo. Un juego sucio de todos contra todos, una maraña, aprovechado tendenciosamente por el gobierno, partidos políticos y aspirantes a los cargos de elección popular del próximo año 2018.
Este caso, en menos de 24 horas se politizo para sacar raja política, como ya lo habíamos dicho; la detención del ex funcionario acusado de tráfico de poder, otorgo más de 500 concesiones en términos ilegales, causando un daño patrimonial de poco más de 5 millones de pesos, se hizo repentinamente al fragor del proceso electoral con la finalidad de empañar la poca representatividad del Partido Acción Nacional para tenerlo como rehén político.
Es decir, es parte del entramado político, que por sistema se usa como maniobra consabida para debilitar a los partidos políticos de izquierda y la derecha que representan un riesgo para el PRI- Gobierno hegemónico, hundido en un laberinto sin salida con nulas posibilidades de triunfo para el 2018.
Los golpes bajos recayeron en el débil partido de Acción Nacional, sin embargo ya reaccionaron los dirigentes del mismo PAN y PRD, en Oaxaca. Natividad Díaz Jiménez y Raymundo Carmona Laredo, del PAN y PRD, respectivamente, lanzaron sus primeros torpedeos en contra de la corrupción del gobierno estatal por considerar que la justicia se aplica al mejor postor y que se está actuando de manera convencional y de acuerdo a los intereses políticos electorales.
Sucede que la justicia en Oaxaca se aplica a unos si y a otros no, es decir hay prerrogativas, fobias y filias para hacer la diferencia y fregar a los protagonistas políticos que no representan los intereses del gobierno neoliberal en turno, por eso, los dirigentes del PAN y del PRD, ya están haciendo una llamarada de petate y tal vez tengan la razón porque la mano redentora del PRI- Gobierno se va en contra de los peces chicos y deja en libertad a los gordos, mencionando al ex gobernador Gabino Cué Monteagudo y a quien fungió como su operador político, Jorge Castillo Díaz, tildados como los saqueadores de las arcas públicas de la administración pasada. A este último se le acusa de un presunto fraude de siete mil millones de pesos y a Cué Monteagudo de dieciséis mil millones de pesos, lo suficiente para ser encarcelados sin embargo gozan de plena libertad.
Además, que el gobernante y su testaferro son los que giraron las órdenes a los funcionarios del gabinete gabinista, es este caso a Moreno Alcántara, conocido en el argot político como “El Libretón”, a quien supuestamente le cayeron con las manos en la masa. Se lo llevaron al baile y ahora es un indiciado utilizado por sus correligionarios como trampolín político.
En este asunto hay que ser muy claro, porque también se están llevando entre las patas al Fiscal General de Justicia, Rubén Vasconcelos Méndez, quien está ejerciendo su función al ritmo del proceso electoral y al son de la tambora. Desde luego que no lo hace por su propio criterio, solo, cumple órdenes del gobernante oaxaqueño, de los agoreros de la democracia y los emisarios del pasado.
Ahora en encargado de la procuración de justicia está obligado a aplicar la ley sin distingos ni privilegios para evitar conatos de inseguridad y violencia. Ahora debe ir por los peces gordos, o su reputación reconocida por sus méritos profesionales, su honestidad y vocación de servicio quedará en tela de juicio al no cumplir con su compromiso de actuar sin componendas ni sesgos políticos, pues ello enturbia a la administración pública.
Desde luego, que Vasconcelos Méndez está bailando con la más fea y al son de la chirimía política. Tiene la responsabilidad de aplicar el peso de la ley al propio ex gobernador Cué Monteagudo y a los funcionarios de su gabinete, que en su conjunto dejaron un presunto fraude de 16 mil millones de pesos conservadoramente, cuya demanda es de los oaxaqueños con la finalidad de dejar un antecedente a las nuevas generaciones de servidores públicos a fin de restituir la confianza del actual gobernador, Murat Hinojosa, quien se comprometió desde su campaña y ya como gobernante, restituir el Estado de Derecho, de lo contrario se incrementarán los problemas sociales, políticos y económicos.
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