Nacional

Mujeres luchan por pensiones alimenticias; iniciativa de ley

En México tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia y sólo una de cada diez mujeres que la demanda de su expareja la consigue. 

 Ello es así porque el procedimiento legal es largo, complejo y coloca demasiadas responsabilidades en manos de las mujeres, consideró Ingrid Tapia, del movimiento Caso 992, que ayer se manifestó en la Fiscalía General de Justicia local y en Palacio Nacional, y por el cual hoy se presentará una iniciativa de ley en el Congreso local. 

 “El primer gran monstruo que enfrentan las mujeres es la notificación. Cuando se inicia el procedimiento legal, la mujer tiene que aportar la dirección del individuo y si lo vas a buscar a casa de tus suegros te dicen que no lo han visto; vas al negocio donde trabaja, pero como el dueño es su amigo, dice que ya no trabaja allí. 

“El segundo monstruo que enfrentan las mujeres es la carga de la prueba: a ti como madre que estás luchando por conseguir la pensión para que coman tus hijos te corresponde demostrar cuánto cobra el cabrón. 

 En ese trance de dos décadas, Ingrid conoció a muchas más mujeres en la misma situación, por lo que, junto con un grupo de abogadas, elaboraron una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, están peleando su caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El movimiento Caso 992 tomó su nombre del número de expediente legal que le asignaron a Tapia y ahora, ataviadas con vestidos de novia, han presentado su iniciativa en el Senado, el Congreso de la Unión y al Congreso de la Ciudad de México, donde Gabriela Salido (PAN) y Ana Francis López Bayghen (Morena) se interesaron en el tema. 

 El pasado 18 de octubre un grupo de legisladoras presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 En la sesión ordinaria de hoy está previsto que presenten adiciones a la iniciativa mediante las que se incorporan algunas de las exigencias más importantes de Tapia y el movimiento Caso 992. 

En la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México se propondrá adicionar el artículo 96 Bis, para que en un juicio para obtener el pago de alimentos para los “menores o incapaces toda persona podrá solicitar la intervención de la Unidad de Medidas Cautelares del Tribunal Superior de Justicia, para que ésta dictamine, en un plazo no mayor a tres días hábiles, la peligrosidad procesal del presunto deudor”. 

Es decir, los riesgos de que el deudor frustre el proceso, se dé a la fuga o trate de esconderse de la autoridad. 

 Además, los dictámenes que emita la Unidad de Medidas Cautelares “deberán precisar si el presunto deudor contra quien se entablará la acción de pagos de alimentos es localizable o no, y el domicilio donde puede ser emplazado”, para que ya no sea la madre de los hijos la que tenga la obligación de aportar el domicilio en el que el juez de lo familiar puede enviarle un citatorio. 

 Si se aprueba esta iniciativa ya no será la madre de los niños sino la Unidad de Medidas Cautelares la responsable de establecer si el presunto deudor “cuenta con arraigo familiar o laboral; evaluará su disposición a someterse a proceso, la posibilidad de alteración de pruebas y el peligro hacia la o las víctimas, así como la posibilidad de sustracción (del menor) o fuga, bajo el mismo rigor técnico que opera en el Sistema Penal Acusatorio”. 

Consultada, la diputada Salido adelantó que “a esta iniciativa se sumaron ya 23 diputadas y diputados; incluye a todas las fracciones parlamentarias, excepto a alguien de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad”. 

Con Información de Excelsior

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