Segob llama a no penalizar a quienes violen las medidas de confinamiento por coronavirus

El aumento de penas privativas de la libertad no garantiza una disminución de los delitos, pero satura las prisiones: Alejandro Encinas.

Segob hizo un llamado a no hacer uso del derecho penal para enfrentar la emergencia sanitaria. Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro

La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, hizo un llamado a los Congresos federal y locales, así como a los poderes Ejecutivo y Judicial, a no hacer uso del derecho penal para enfrentar la emergencia sanitaria, tal como lo establece la Guía en Derechos Humanos para las Medidas COVID-19 publicada por esta dependencia.

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de esta secretaría, destacó mediante un comunicado que la reducción a la movilidad de las personas es un objetivo central para hacer frente a la propagación del virus, sin embargo, no se puede imponer el resguardo domiciliario a través de sanciones penales, ya que es una medida desproporcional que podría llegar a ser declarada inconstitucional.

Encinas hizo estas declaraciones después de que el Congreso del Querétaro aprobara el 29 de abril una reforma al código penal, donde contempla nuevos delitos y endurece existentes, justificándose en la pandemia por COVID-19.

Algunas de las modificaciones al código penal de la entidad establecen que la persona que no respete el periodo de aislamiento obligatorio impuesto será castigada con cuatro a seis años de prisión.

Encinas argumentó que el aumento de penas privativas de la libertad no garantiza una disminución de los delitos, pero satura las prisiones. Foto: Archivo

Asimismo, cualquiera que se oponga a que la autoridad ejerza sus funciones por medio de amenazas o violencia, permanecerá de tres a cinco años en la cárcel. La pena aumentará si se trata de autoridades del sector salud.

Además, implementarán de tres a seis años de prisión a aquellas personas que promuevan o convoquen públicamente a realizar saqueos, robos y actos similares. La reforma contempla la misma pena para las personas que participen en estos hechos.

El subsecretario aseguró que le preocupa esta reforma al artículo 289, puesto que prevé el aumento de penas no relacionadas con el combate a la pandemia.

“La suma de estos delitos, redactados de forma poco clara y amplia, violan los principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica. Asimismo, no son proporcionales, al usar de forma desmedida sanciones privativas de la libertad para conseguir objetivos que podrían obtenerse con sanciones menos restrictivas, como las administrativas en contra de establecimientos, o incentivos positivos que regulen la conducta humana”, reiteró en el boletín.

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro

En este sentido, Encinas argumentó que el aumento de penas privativas de la libertad no garantiza una disminución de los delitos, pero satura las prisiones e implica un gasto alto para el erario.

“Sanciones penales como las planteadas por el congreso de Querétaro para hacer frente a la contingencia, criminalizan la pobreza y tienen efectos desproporcionales sobre grupos excluidos y vulnerables”, concluyó el subsecretario federal.

Además de Querétaro, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que diez personas en tres municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara habían sido detenidas por no acatar las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19.

Sin embargo, aseguró que estas sanciones no se aplican contra las personas que deben salir a trabajar a las actividades esenciales.

Estas sanciones no se aplican contra las personas que deben salir a trabajar a las actividades esenciales. Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro

Recientemente, manifestó a través de redes sociales su preocupación por acabar con el coronavirus en la entidad, llamando la atención de la opinión pública por referirse a las personas que no atienden las medidas preventivas del sector salud y continúan saliendo a las calles o salen de vacaciones como “pendejos”.

“Es por la gente consciente que cumple con su responsabilidad y también por los pendejos que siguen sin entender. Es por todos. Ni madres que nos vamos a rendir. A darle”, finalizó el gobernador.