Legislativo

Van Legisladores de Morena por homologación de Ley de extinción de dominio en Oaxaca

 

San Raymundo Jalpan, Oax.- El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Oaxaca, impulsará la aprobación de la reforma al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio, que permita incautar bienes productos de robo por funcionarios públicos.

De acuerdo con la diputada Delfina Guzmán Díaz, Vocera del Grupo Parlamentario y presidenta de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales de la LXIV Legislatura, detalló que desde dicho órgano auxiliar alistan el dictamen correspondiente para que Morena apruebe la iniciativa, acción con la que cumplirían el requisito de validez dictado en el artículo 135 de la Constitución Federal y en su momento, el Congreso de la Unión emita la declaratoria correspondiente.

Y es que en la sesión celebrada el pasado día miércoles 9 de enero en el Recinto Legislativo, se inscribió en el orden del día la minuta con Proyecto de Decreto, enviada por el legislativo federal, por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio.

Guzmán Díaz manifestó, que con dicha reforma propuesta por Morena, se replantea la figura de la extinción de dominio y se propone que sea imprescriptible, que surta efecto sobre bienes que sean objeto de actos de corrupción o de actividades ilícitas, y así el Estado pueda recuperar los bienes producto del robo por parte de funcionarios públicos.

Con ese ejercicio legislativo, el Grupo Parlamentario coordinado por Laura Estrada Mauro, manifiesta el cumplimiento a los ejes instaurados en la Agenda Legislativa, específicamente en el de Combate a la Corrupción.

Las y los legisladores buscan lograr fortalecer las políticas publicas orientadas al combate a la corrupción, ya que aparte de los delitos que ya contempla la ley, se agregan los de corrupción, el encubrimiento, delitos cometidos por los servidores públicos, extorsión y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

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