COLUMNAS

¿Cuál será la fiscalía que sirva?

NÚMERO CERO

JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH

16 de Agosto de 2018

Las próximas semanas, antes del comienzo de la legislatura, serán clave para conocer el calado de la reforma a la justicia del próximo gobierno. Es el primer frente para retos centrales, como la pacificación del país, reducir los delitos y atajar la corrupción, pero no está claro su lugar en el orden de prioridades de López Obrador. De la reforma al entramado de las instituciones de justicia, sin embargo, depende el cumplimiento de sus promesas de campaña en seguridad e impunidad.

El problema de la justicia es endémico, pero es el primer desafío para la paz y la seguridad. Los encargados de Gobernación del equipo de transición trabajan con organismos civiles en una ley orgánica que defina el modelo de la fiscalía que sustituirá a la PGR, que, por mandato constitucional, deberá ser autónoma como condición para liberarla del secuestro de la política o ser parte de la negociación de factores de poder. Su falta de independencia e imparcialidad está en el centro del déficit institucional por sujetarla a la discrecionalidad y hasta el capricho del gobierno de turno; situación que hoy preocupa aún más por la concentración de poder en la presidencia de López Obrador, derivado del 53% en las urnas y cómodas mayorías en el Congreso federal y 20 legislaturas locales.

La instalación, por primera vez, de una mesa de discusión pareciera hablar de que el equipo de transición se toma en serio el asunto, así como la elaboración de una ley imprescindible para crearse una fiscalía aún inexistente y, por tanto, para poder nombrar a su titular o a los fiscales anticorrupción o electoral, con atribuciones del nuevo esquema. Aunque, en paralelo, López Obrador anunciara un acuerdo con Peña Nieto para la presentación de una terna en los términos de ley que, en los últimos dos años, atoraron la designación por no sacar la decisión de la esfera del presidente en la crítica del “fiscal carnal”.

Además, la propuesta sobre la mesa para evitar una imposición del Ejecutivo tampoco figura como “prioridad” de Morena en el Senado, como ha adelantado su posible coordinador, Ricardo Monreal, quien descarta responder a la exigencia de reforma al artículo 102 constitucional de la sociedad civil, e incluso avanzar sin incluirla en el proceso.

Las evidentes contradicciones y posiciones divergentes, incluso al interior del equipo de transición, indican que hay distintas lógicas sobre la profundidad de la reforma a las instituciones de justicia para atacar las variadas violencias que rebasan ya la gobernabilidad en estados, municipios y en la Federación. Las diferencias sobre la magnitud del cambio, así como las incoherencias de las repuestas políticas y jurídicas al reto de la seguridad explican la agudización de la impunidad y la inhabilitación de la justicia en las últimas décadas.

Por ejemplo, la mayor reforma penal de la historia moderna de los juicios orales quedó relegada, tras ocho años de preparación, entre otras razones, porque las respuestas políticas de Calderón y de Peña Nieto fueron muy menores con respecto a las necesidades para cambiar el modelo de justicia. Así como también al trabajo heterogéneo, contradictorio y disruptivo en los estados.

Por lo que toca a la nueva fiscalía, desde el equipo de transición se exige, otra vez, cambiar la lógica de construcción para definir primero el modelo y luego su integración. Por eso las próximas semanas serán clave para conocer su compromiso con la transformación de fondo de la justicia o si nuevamente las iniciativas serán respuestas políticas a necesidades sociales que derivan en simulaciones institucionales.

Sin reforma a la justicia, difícilmente prosperará la pacificación y la reconciliación, que pasa por frenar las diferentes violencias, porque a todas cruza transversalmente la impunidad. El deterioro de la justicia, como ha dicho Olga Sánchez Cordero, alcanza niveles de “emergencia nacional”. Sin duda, palabras graves de la próxima secretaria de Gobernación, que necesitarían un correlato igual en el alcance de la reforma si no quieren quedar sólo en palabras.

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