ARSENAL
FRANCISCO GARFIAS/EXCELSIOR
16 de Noviembre de 2017
Elba Esther Gordillo no tiene sentencia condenatoria y no existe congreso que la haya depuesto. Fue nombrada por un congreso, y el congreso es la máxima autoridad jurídico-política del sindicato.
Por lo tanto, es la presidenta del CEN del SNTE, nos dice el profesor Rafael Ochoa, exdirigente de ese sindicato de maestros, en un mensaje que nos mandó por WhatsApp.
El texto puntualiza: “Juan Díaz carece de facultades para convocar a un congreso”.
El exdirigente del sindicato, Rafael Ochoa, otrora senador, nos recuerda que la maestra transita con éxito por un proceso legal. Jura que sólo ella puede firmar una convocatoria para la celebración de otro congreso.
“Díaz sabe que se mueve el escenario y caduca su suerte política. Con ello ve de cerca serias complicaciones legales que en meses posteriores tendrá que enfrentar.
“Con la firma de la convocatoria suma un agravante más: usurpación de funciones”, puntualiza.
- El manotazo de la Corte alcanzó a Ricardo Monreal. Sobre la cabeza del delegado en la Cuauhtémoc pende la guillotina.
Está amenazado con la destitución por los mismos motivos que le costaron el cargo a Israel Moreno, el removido delegado de la Venustiano Carranza.
Los ministros del máximo tribunal revisarán en breve un laudo emitido en 2003 para indemnizar con dos millones de pesos a una trabajadora de la citada delegación.
Pero en el equipo de Monreal nos dicen que hay más de 25 laudos pendientes en la Cuauhtémoc. Suman, en total, 50 millones de pesos.
En otras palabras, los sucesivos delegados han ignorado, sin ser molestados, los laudos del Poder Judicial.
Con el cese de Moreno, varios delegados pusieron sus barbas a remojar. Víctor Hugo Lobo, de la delegación Gustavo A. Madero, se avivó y saldó de inmediato los pendientes.
Pero hay un problema de liquidez en la delegación Cuauhtémoc. “Debo, no niego. Paga el gobierno central. Obligado solidario”, nos dicen en el equipo de Monreal.
Y explican que las delegaciones políticas capitalinas no tienen autonomía financiera, sino que todo es aprobado y pagado por la Secretaría de Finanzas del gobierno central.
La relación laboral y la revisión salarial de los trabajadores no depende de los jefes delegacionales, sino del gobierno de la Ciudad de México.
El propio Monreal mostró los oficios que ha enviado tanto a la Secretaría de Finanzas como a la ALCDMX para solicitar los recursos correspondientes a esos adeudos.
Abundó en el tema: “Si destituyen al delegado tendrán que destituir al que venga, uno, o dos, o tres delegados.
“Ni la creación de plazas ni el pago dependen de la delegación, sino de la Secretaría de Administración y Capital Humano, y del presupuesto que destine la Asamblea Legislativa.
“Al que se debería de sustituir, dijo, es al titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México”, puntualizó.
Al delegado Monreal le pareció extraño que su tema se trate después de la reunión que tuvo con López Obrador. Sugirió que tiene tintes políticos.
- El debate de la nueva Fiscalía General no sólo es urgente, sino pieza fundamental para el fortalecimiento del Estado de derecho.
Una vez aprobado el paquete presupuestal para 2018, no hay duda de que es la prioridad legislativa del periodo ordinario en curso.
Los senadores lo saben, pero no logran hacer a un lado sus intereses de partido o de grupo.
Es apenas creíble que no hayan podido aprobar siquiera la convocatoria para elegir a su titular. Unas veces por falta de quórum, otras porque el consenso no llega. Su deuda con los ciudadanos crece.
Hoy tienen nuevamente la oportunidad de aprobar la convocatoria para elegir al fiscal general.
Sería una burla que volvieran a prevalecer los intereses de grupo sobre el interés general y que aplazaran, otra vez, la aprobación de la convocatoria.
- Crece la bronca entre Jaime Martínez Veloz, comisionado de los pueblos Indígenas de la Segob, y el gobernador panista de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid.
El pasado 11 de noviembre, el comisionado interpuso una queja en contra del mandatario panista en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de ese estado. Le exige una pública disculpa a la ciudadanía bajacaliforniana por condenar a quien se oponga a sus proyectos a ser “odiado”.
Y es que Kiko Vega dijo en un desayuno organizado por el Comité Directivo Estatal del PRI que quiere ser recordado por garantizar el abasto de agua en los próximos 40 años. Hasta allí, impecable.
Lo que le reprocha Martínez Veloz es haber declarado que quienes se opongan a su proyecto van a pagar un costo político muy alto.
La queja recoge textual palabras del gobernador dichas en ese desayuno.
“Quienes no lo quieran ver es porque no les conviene o porque quieren sacar raja política, pero les aseguro que quienes se nieguen a mediano o largo plazo van a ser los políticos más odiados de Baja California”, dijo Vega.
Jaime ve discriminación del gobernador hacia los que no respalden su proyecto.