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Evolución IFE-INE: una autonomía electoral que se ejerce

ORIGEN Y CAUSA DE AUTÓNOMOS

CONTRAPESOS Los órganos autónomos constitucionales construidos en los últimos tres decenios son producto de la transición democrática y de las alternancias políticas que México ha experimentado.

¿Por qué, para qué y cómo surgieron? Son preguntas que Excélsior busca responder recuperando el testimonio de sus arquitectos, testigos y protagonistas de los acuerdos legislativos que los hicieron posibles y observadores expertos.

Considerados como prescindibles en la iniciativa presidencial que propone eliminarlos, INEInaiCofeceCRECNHIFTConeval y Mejoredu se crearon bajo la expectativa de ciudadanizar la toma de decisiones; involucrar a los conocedores de las diversas materias en la preservación de los bienes públicos, y de contar con un sistema de contrapesos que acotara las atribuciones del Poder Ejecutivo, definiendo así en la Constitución los límites y alcances del presidencialismo mexicano.

Iniciamos hoy este serial con los antecedentes que llevaron al diseño del Instituto Federal Electoral (IFE), transformado posteriormente en el actual Instituto Nacional Electoral (INE).

Nuestra democracia requería de un árbitro autónomo desde mucho tiempo atrás y así lo planteó Manuel Gómez Morín en sus cartas y en el primer ideario del PAN. 

“Decía que llegaría un momento en donde un órgano independiente de la autoridad organizaría libremente las elecciones y lo planteaba no tanto como una aspiración, sino con realidad de cualquier democracia”.

Así lo afirma Arturo Sánchez Gutiérrez, protagonista y conocedor de la historia electoral mexicana, al responder a la pregunta de a qué necesidad política y social respondió la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) ajeno al gobierno en 1996 y que en 2014 mutaría en Instituto Nacional Electoral (INE). 

Un detonante fue la crisis en 1988 por la presunción de fraude, la caída del sistema y la fuerza que adquirió la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas.

Antes, rememora, se dio la reforma política de 1977 de Jesús Reyes Heroles que incorpora la representación proporcional, haciendo que partidos minoritarios la tengan en la Cámara de Diputados.

“Se empiezan después de 77 a realizar reformas electorales; una para cada elección, prácticamente”, señala el exconsejero electoral del INE. 

Y desde entonces todas se construyeron en una mesa de negociación. 

Reseña que el anuncio en 1977 lo hizo el secretario de Gobernación al responder el informe del gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, caracterizado por su cerrazón política. 

Reyes Heroles sostiene en abril de ese año que ha llegado la hora de se expresen en México el mosaico de las voces políticas existentes. “Lo hace con pleno conocimiento del José López Portillo, que en 1976 fue candidato único a la Presidencia”. 

“Tenías dentro del sistema cuatro partidos, PAN, PRI, PPS y PARM y entre los cuatro solamente uno pudo nombrar candidato, se sumó el PPS y el PARM (a la candidatura del PRI), pero el PAN no había logrado poner candidato a la presidencia; esto nos hablaba de un sistema muy cerrado, de un ahogamiento de las posibilidades de cualquier oposición; y desde la izquierda tenías al Partido Comunista (PC), sin registro, buscando salir de la clandestinidad”. 

 Fotografía en blanco y negro de una reunión formal con tres hombres sentados en una mesa. El hombre del centro, destacado, habla y gesticula con su mano, mientras los otros dos lo observan, uno directamente y el otro revisando documentos. La escena sugiere un debate o discusión en un entorno profesional o político. La imagen lleva la mención "Fotos: Archivo/Excélsior", refiriéndose a su origen.

Aquella fuerza sin registro tuvo un candidato, Valentín Campa, quien obtuvo cerca de un millón de votos en el recuadro de las boletas donde se podían escribir los nombres de personas.

Ante esa realidad, la reforma del 77 también facilita el registro de nuevos partidos.

Arturo Sánchez asistió a la consulta pública correspondiente a ese momento, en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación; era colaborador de uno de los ponentes, Jaime González Graf, que dirigía el Instituto Mexicano de Estudios Políticos, una asociación civil. Asistieron los dirigentes del PC, del Partido Socialista y del Partido Mexicano de los Trabajadores de Heberto Castillo.

La reforma constitucional de hace 47 años incluyó las prerrogativas a los partidos políticos sin precisarlas y la definición de que éstos eran instituciones de interés público. “Para 1979 se elige la primera Cámara de Diputados con base en esta Ley; Reyes Heroles era un priista y puso los candados necesarios para que el PRI no perdiera la mayoría. Así que aquel partido que ganara más de 60 diputados de mayoría relativa, de los 300 -ahí se definió su tamaño también-, con 100 de representación proporcional, ya no entraba a la representación proporcional. Y lo que tenías era una Cámara de 300 diputados, prácticamente todos del PRI: 280, 290 y 100 de una oposición fragmentada”. 

Bajo ese modelo, se amplió la composición partidista en la Comisión Federal Electoral que dependía del gobierno. 

Pero quedó pendiente el debate de cómo organizar limpiamente las elecciones.

Con la crisis económica que enmarca la elección de 1982, expone Arturo Sánchez, la oposición empezó a tener mayores posibilidades de triunfo, en un país donde todas las gubernaturas eran del PRI. 

“1982 provoca una reforma electoral para las elecciones de 85: viene todo lo del acceso de los partidos a los medios de comunicación”, detalla.

Viene 1988 en un contexto en el que, señala el ahora integrante de la plataforma Alerta Democrática, había mejores condiciones para las elecciones que, sin embargo, “eran totalmente manipuladas por el PRI”.

En medio de la crisis económica de entonces, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Efigenia Martínez conforman la corriente democrática en el PRI que posteriormente derivaría en Frente Democrático Nacional. 

“Así llegamos a 1988, donde por un conjunto de situaciones, por primera vez el presidente de la República no tiene el 50 por ciento de los votos”. 

Más allá de si hubo fraude o no, explica Arturo Sánchez, con Carlos Salinas de Gortari las condiciones han cambiado porque además él encabeza un nuevo grupo dentro del partido gobernante, a los tecnócratas que visualizan la importancia del libre comercio y la necesidad de avanzar hacia una democratización del país. “No quiere decir que él haya pensado entregar el poder, jamás, no, pero sí que había que abrir más todavía el sistema y, por eso, la reforma de 1990-91 se propone crear el Instituto Federal Electoral con muchos controles”.

Porque el IFE surge inicialmente con un Consejo General del que era presidente el secretario de Gobernación y en el que había consejero magistrados que debían ser abogados, eran cercanos al PRI, aunque ya se incorpora el peso del perfil académico; “los proponía el presidente de la República de una lista inmensa y la Cámara de Diputados ya los seleccionaba”.

Se aspiraba a resolver el problema del padrón electoral y profesional el proceso cambiando algunas cuestiones. Pero el control gubernamental persistía. 

El cierre del sexenio de Salinas se da con problemas económicos, la inconformidad de Manuel Camacho por la designación de Luis Donaldo Colosio que es asesinado y la irrupción del Ejército Zapatista 

Subraya Arturo Sánchez que la oposición contaba ya con algunas gubernaturas y tenían un peso mayor en la Cámara que había crecido de 400 a 500 con las reformas de 1983 y 86, para el 87.

“Y lo que tienes después es que nombran a Ernesto Zedillo candidato y hacen una reforma electoral en pleno proceso, cambiando el Consejo General para darle credibilidad al proceso”. 

Se trató de un acuerdo político que asigna mayores atribuciones a aquel IFE aún bajo el mando gubernamental. 

“Es el Consejo en el cual entran para organizar la elección de 1994 José Woldenberg, Miguel Granados Chapa, Santiago Creel, Ricardo Pozas Horcasitas, José Agustín Ortiz Pinchetti y Manuel Barquín”, enumera. 

El secretario de Gobernación era el exrector de la UNAM Jorge Carpizo, quien propone como director de Prerrogativas a Juan Molinar.

“El viejo PRI con todo el peso de antes había desaparecido y la apertura del sistema daba legitimidad a las elecciones; la Comisión Federal Electoral había desaparecido”. 

Es con esos antecedentes que llegamos a 1996 al IFE autónomo. “La ley de 1996 sí saca completamente al gobierno de la organización de las elecciones”. 

¿Cómo se reflejó la autonomía? ¿Era un reclamo de la oposición?, preguntamos.

“El secretario de Gobernación estaba completamente fuera de la institución y el Consejo General asumía todas las funciones para nombrar a toda la estructura y secretarías ejecutivas”, responde. 

José Woldenberg asume la presidencia de aquel IFE. “Enfrenta de entrada el problema de nombrar a su Junta General Ejecutiva y a los directores ejecutivos; la ley le daba a él la posibilidad de proponer, pero los consejeros eran los que votaban. Nombran en Organización Electoral a Leonardo Valdez; en el Registro Federal de Electores a Clara Jusidman; en Capacitación Electoral a Alberto Begné, y a mí como director de Prerrogativas y Partidos Políticos; Eugenia de León era la directora de Administración; Rubén Lara que era el director del Servicio Profesional Electoral”, enumera. 

Y aunque fue nombrado secretario ejecutivo una persona ligada al PRI, Felipe Solís Acero, Arturo Sánchez asegura que la autonomía se ejerció. 

“Ya nosotros no podíamos hablarle a ningún gobernador a decirle me cargas los lados de este lado; el Consejo General nombra a los consejos en los estados; viene la construcción del Servicio Profesional Electoral; ese le tocó a Mauricio Merino como consejero”.

Comienza, enfatiza, los procesos electorales muy vigilados, la insaculación; la entrega de los paquetes electorales; el cómputo de voto empezó a ser vigilado. “Ahí Jesús Cantú era el importante y además tenías una nueva regla, que aplicamos ahí, desde el mero principio, que era toda la fiscalización; Alonso Lujambio fue presidente de esa Comisión y yo, el secretario técnico”, recuerda. Fue cuando le pusimos al PRI la primera multa importante de 5 millones de pesos, un mes antes de las elecciones”.

La autonomía, plantea Sánchez Gutiérrez, estaba más que evidenciada. “Las elecciones del 97 tuvieron una dinámica completamente distinta y a una velocidad muy grande. Había que demostrar que las elecciones se organizaban sin ninguna mano del gobierno; garantizar que las elecciones permitirían que la ciudadanía votara libremente y que los votos iban a contar adecuadamente.

“Pepe Woldenberg sabía perfectamente porqué había que organizar el PREP y nos decía A mí no se me puede caer el PREP. Lo tenemos que hacer a la perfección. Y así fue”. 

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