Hasta este miércoles, 11 mil 557 servidores públicos se habían amparado contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos

TANIA ROSAS Y VANESSA ALEMÁN/EXCELSIOR

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de los enfrentamientos por la Ley de Ingresos 2019, los diputados se unieron y por unanimidad aprobaron una reforma a la polémica Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual no se ha aplicado porque la congeló el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán.

Hasta este miércoles, 11 mil 557 servidores públicos se habían amparado contra la ley; no obstante, los diputados avalaron una reforma para sepultar la posibilidad de que los funcionarios de los órganos autónomos, de las empresas productivas del Estado, incluso de la próxima Fiscalía General de la República ganen más que el presidente de la República. La minuta fue turnada al Senado.

Los servidores públicos, dice la reforma, son los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los empleados o toda persona que desempeñe un cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos de las instituciones y organismos dotados de autonomía y las empresas productivas del Estado.

Agrega que el Presupuesto de Egresos de la Federación deberá transparentar la remuneración total anual de los titulares de los tribunales administrativos de la federación, INE, Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Coneval, INAI, Fiscalía General de la República, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, órganos reguladores coordinados en materia energética y cualquier otro ente público de carácter federal paraestatal, autónomo o independiente de los Poderes de la Unión.

Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos indicados en esta fracción, sin prejuicio de la naturaleza y atribuciones que correspondan a los entes públicos respetivos, a falta de superior jerárquico, se considerará como equivalente al presidente de la República”, destacó.

También se enfatiza que la remuneración deberá ser proporcional a la responsabilidad del puesto y establece que no habrá discriminación en la remuneración por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Obliga a los funcionarios a reportar a la unidad correspondiente si tuvieron un pago en demasía o que no les corresponde. El reporte lo tendrán que hacer durante los 30 días naturales después del pago, de lo contrario incurrirán en una falta administrativa grave.

Cuando la falta se produce de manera culposa o negligente, no hay reincidencia y el monto del pago indebido mensual no excede de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización la falta administrativa es considerada no grave. En tal caso, si el daño producido a la Hacienda Pública es resarcido la autoridad resolutora puede abstenerse de imponer la sanción correspondiente”, agregó.

Cabe destacar que la ley de remuneraciones entró en vigor el pasado 6 de noviembre, además la CNDH presentó una controversia constitucional contra ella ente la SCJN.

El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Oscar González Yáñez, dijo que lo que se busca es evitar abusos derivados de todos los géneros políticos y de todas las fracciones políticas.

Hay que recordar que hay servidores públicos que prácticamente hubo una época donde ganaban hasta 400, 500 mil pesos mensuales, cuando el salario mínimo prácticamente era de 40, 50 pesos. Con esto estamos buscando regularlo”, expresó.

Gracias al trabajo realizado se dotó a la Auditoría Superior de la Federación de mayores atribuciones para que en coordinación con los órganos internos de control de las instituciones y dependencias de la administración pública, vigilen el cumplimiento de esta ley y sancionen cualquier infracción o acto de corrupción en el uso, ejercicio y comprobación sobre el destino de los recursos públicos, añadió la diputada del PRI, Ximena Puente de la Mora.